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Unos lo hicieron hace más de 40 años cuando urbanismo parecía el nombre de una secta exótica y peligrosa. Agricultores y familias humildes que levantaron su casa. Otros, en los 70 y los 80, simplemente imitaron a los anteriores y construyeron porque lo hacían los demás, todos en un limbo jurídico. Eran los tiempos del campito. Por último, un tercer grupo, el que menos solidaridad despierta, lo hizo hasta finales de siglo, en muchos casos a sabiendas de que construir casa o chalé en suelo no urbanizable era ilegal y con el beneficio económico como primer objetivo.
 

Ahora, en 2011, a un mes de unas elecciones municipales, todos los miembros de todos los grupos tienen una condición común. Son votantes. Las administraciones locales, los ayuntamientos, son incapaces de reconducir un desorden que se cuenta por millares. Son miles de votos en juego además de centenares de familias que ven en peligro su única vivienda. Otras, una segunda residencia para temporadas de ocio.

Uno de los conflictos sociales más antiguos de la provincia de Cádiz ha regresado a la actualidad esta semana, a solo 28 días de la convocatoria de elecciones locales.
 

La chispa que ha vuelto a encender los rescoldos saltó en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, uno de los municipios con más viviendas sin regularizar en la provincia. Ecologistas en Acción asegura que son 4.475, divididas en 63 núcleos distintos. Su Gobierno municipal, presidido por el popular Enrique Moresco, anunció el lunes que los propietarios de estas casas o chalés pueden dejar de pagar las sanciones económicas anunciadas y que sus casos serán revisados uno a uno. Es decir, algo parecido a una amnistía. Aplazamiento al menos. Una prórroga indefinida.
 

La oposición (PSOE e Izquierda Unida) saltó como un resorte. «Han tenido cuatro años para decirle a estas familias que dejaran de pagar y lo hacen a un mes de las elecciones», resalta el socialista Ignacio García de Quirós.
 

Sin embargo, a menos de 40 kilómetros, en Chiclana, el municipio que mejor representa este fenómeno de la construcción ilegal, un gobierno municipal socialista, presidido por José María Román ya se adoptó una medida similar, otra forma de tabla rasa.
 

El resultado de unir ambos casos, gobierne el PP o el PSOE, es el mismo. Miles de viviendas irregulares pasarán a ser legales a través de un pequeño pago o, directamente, gracias a una especie de amnistía que pone fin a cinco décadas de descontrol en el que administraciones, bancos, profesionales, constructores, promotores e intermediarios también se beneficiaron de un fenómeno invisible. O que nadie quería ver.
 

En los próximos meses, todos serán legales. O esa es la sensación que crean los gobiernos locales aunque la Junta y expertos juristas aseguran que las promesas municipales pueden quedar en nada.
 

En Chiclana hay censadas oficialmente, 15.000 casas sin licencia. Es la cifra que reconoce oficialmente incluso la administración autonómica. Pero, indudablemente, hay más. Los más osados hablan de 40.000. Los más prudentes, de unas 25.000. La mayoría de ellas se regularizará. Ya está en marcha un polémico proceso de formalización, que ha provocado numerosas protestas y movilizaciones. Parte de los propietarios ha llegado a agruparse en un partido político que concurre a las elecciones locales. Y con serias opciones de obtener, al menos, un concejal.
 

Todas las formaciones políticas con representación institucional se pliegan ante los errores cometidos en el pasado, los posibles daños a muchas familias y, sobre todo, el malestar de miles de votantes. La prueba es que el PSOE critica en El Puerto lo que hace en Chiclana o que el PP critica en Chiclana las formas, aunque estaba dispuesto ha hacer lo mismo a través de Ernesto Marín, lo que hace en El Puerto.
 

Para representar el acuerdo tácito de todas las siglas por la no agresión a los propietarios de viviendas ilegales, el pasado mes de marzo todos los partidos existentes en Chiclana firmaron un protocolo de intenciones para suavizar el impacto económico a los propietarios a la hora de obtener servicios y documentación legal. Es decir, consenso para que paguen menos por regularizar su vivienda para siempre y contar con servicios básicos como alcantarillado, agua potable y luz, de los que algunos ahora carecen. Por poner un ejemplo práctico, una parcela de mil metros cuadrados pagará a una media de 35 euros.
 

Ese es precisamente el debate. Si el proceso es costoso, si es justo o injusto. El Ayuntamiento defiende con la boca pequeña que los que edificaron sin permiso pagarán los costes. Pero los propietarios no dejan de conseguir rebajas en su presunto castigo mediante la presión social de las manifestaciones de los últimos meses.
 

A pesar del aplazamiento portuense o de la constante rebaja chiclanera, el impacto económico que podría tener el pago por la regularización de las miles de viviendas ilegales se estima en 600 millones de euros en Chiclana y en unos 300 en El Puerto. Los ayuntamientos se justifican con el alto coste de las obras de expansión, teóricamente universales, de las redes de electricidad, saneamiento y agua. En algunos casos, como Los Llanos o La Rana Verde, absolutamente imprescindibles.
 

En Chiclana y El Puerto, en suma, el reto es articular más de 36,4 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado, y convertirlo en terreno regularizado. Los planes generales de ordenación urbana parecían la última oportunidad, pero la Junta asegura que tendrá la última palabra. Todos los partidos, todas las administraciones locales, apuestan por lo mismo, poner el contador a cero, legalizar todo lo construido y no permitir más. Aunque Chiclana y El Puerto acaparan el protagonismo en este fenómeno, por número de casos, los casos se diseminan por toda la provincia. Jerez tiene ya el visto bueno de la Junta y el pleno municipal, desde el pasado año, para regularizar regularizar 630 viviendas del total de las 900 que hay en el término municipal. Algo que el Consistorio espera llevar a cabo este mismo año.
 

El gobierno local no se atreve a dar plazos exactos ni garantías absolutas (ningún municipio los da) pero se apunta a la misma tendencia: legalización general y no permitir ni una nueva construcción.
 

Los núcleos rurales que se beneficiarán de esta regularización anunciada son Cuartillos, Gibalbín, La Inmaculada, Añina, El Polila, Las Tablas, Baldío Gallardo, El Mojo, Las Pachecas, Puente de La Guareña, Rajamancera-Cañada de León y Mesas de Santa Rosa-Pozo Romano. Las viviendas que quedarán pendientes de legalizar serán solo las que se encuentran en zonas inundables.
 

En Sanlúcar, son 6.000 construcciones ilegales admitidas oficialmente en el término municipal. No son solo viviendas. También hay naves industriales y locales comerciales. La alcaldesa, Irene García, se agarró esta semana al desarrollo del nuevo Plan de Ordenación Territorial de la Costa Noroeste, que reconoce como hábitat rural diseminado zonas como La Jara y La Algaida. Esto significa luz verde a la regularización. Es decir, 6.000 pequeñas multas que convertirán las construcciones ilegales en legales. En Chipiona son unas 2.000, como ocurre en las localidades de Barbate o Vejer. En resumen, la cifra más prudente posible, la más baja, habla de 43.000 viviendas ilegales en la provincia. Todas con, al menos, un votante dentro. Demasiados enemigos a un mes de las elecciones. Tabla rasa. Anunciada. La Junta de Andalucía dirá si ejecutada.