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Soluciones "políticas" para las casas ilegales PDF Print E-mail
Chipiona en La Red
Saturday, 27 June 2009
El presidente de Guadalquivir, Antonio Jiménez (centro), y otros cargos vecinales en la asamblea del jueves.(Por Diario de Cádiz ) - Sanlúcar
 La federación vecinal reclama al Ayuntamiento que la ciudad siga la vía de municipios como Chipiona ante este problema
 La Federación Local de Asociaciones de Vecinos Guadalquivir dio ayer a conocer los acuerdos de la asamblea general extraordinaria que celebró en la tarde-noche del pasado jueves para abordar la problemática "alarmante" de las viviendas ilegales,
El presidente de Guadalquivir, Antonio Jiménez (centro), y otros cargos vecinales en la asamblea del jueves.habida cuenta de que hay dos casas sobre las que pesan sendas sentencias firmes de demolición.

Además de reiterar argumentos propios como el relativo al "trato diferente que reciben las viviendas irregulares" en comparación con "la construcción ilegal de 8.300 metros cuadrados en el parque comercial Las Dunas", la entidad que preside Antonio Jiménez anunció que organizará encuentros en las distintas barriadas y zonas de Sanlúcar para explicar su posición, solicitando a los vecinos que aporten documentos a fin de elaborar un "banco de datos" sobre las casas afectadas en la ciudad. Además, ha pedido una reunión a la alcaldesa, Irene García. En última instancia, "si el Ayuntamiento no plantea soluciones a este problema, convocaremos movilizaciones".

Guadalquivir aboga por seguir la vía de municipios como Chipiona para la regularización de viviendas ilegales, "modificando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) si hiciera falta, porque hay soluciones políticas". En este sentido, hizo ayer pública una providencia del Juzgado de lo Penal Número 1 de Cádiz fechada en marzo en relación a un caso de Chipiona, según la cual "a la vista de la solicitud del Ayuntamiento y dado que cabe la posibilidad de legalizar la obra en cuestión (...), se concede al Consistorio y al penado un nuevo plazo de diez meses para ejecutar la demolición, debiendo informar el Ayuntamiento de cualquier contingencia acerca del cambio de calificación del suelo (...) tras la modificación del PGOU".
 
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